Libertad escolar de las familias

La falacia de la discriminación, es sencillamente una falacia, porque nadie discrimina a nadie al separar niños y niñas en la enseñanza

      El Tribunal Supremo ha dictaminado recientemente que dos Comunidades Autónomas deben denegar el Concierto educativo a unos centros con educación diferenciada. Jurídicamente no debía ser fácil el tema cuando los dos Tribunales Superiores de Justicia de esas Comunidades habían fallado a favor de los colegios. A mí no me interesa entrar ahora en un galimatías legal, que no entiendo, aunque sí lo suficiente como para saber que la Constitución española establece —sin restricción alguna— el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que deseen para sus hijos.

      Caben diversos tipos de enseñanza: estatal, de iniciativa social o de iniciativa social concertada, con idearios variadísimos pero, dentro de todas las posibilidades, no entra la educación diferenciada, que no será mejor ni peor, sino otra opción. No dudo de la justicia del Tribunal Supremo pero, si es acertada, habrá que cambiar una ley —posiblemente anticonstitucional— con la tan traída y llevada discriminación de sexos. Si los legisladores fueran coherentes, tendrían que hablar de discriminación de género, con lo que el tipo de escuelas se multiplicarían por mucho. Además habría que ver si el progenitor A se ponía de acuerdo con el B...

      No nos engañemos, la falacia de la discriminación, es sencillamente una falacia, porque nadie discrimina a nadie al separar niños y niñas en la enseñanza. Lo saben miles de familias en nuestro país. ¿Están traumatizados los que se educan de ese modo? ¿Ha sido motivo para acudir al psiquiatra? ¿No son más las mujeres sometidas al aborto quienes acuden a estos médicos? Además, con exclusión del padre de la criatura para intervenir, quedan discriminados ambos: uno por no participar en la decisión y la otra por pechar sola con ella. Pues resulta que esta legalidad hipócrita llama derecho al aborto y discriminación a la educación citada. Cualquier día se cargan las sociedades gastronómicas de hombres, los baños separados de bares o aeropuertos o la asociación de mujeres periodistas. Unos ejemplos entre decenas.

      Si esa forma de educar fuera anticonstitucional, lo sería también para los colegios no concertados. Como no lo es, simplemente responde al capricho del legislador o una imposición ideológica aplicada con un sesudo argumento: sí, pero no con mi dinero. Eso provoca otra injusticia porque los padres que lleven a sus hijos a un colegio diferenciado, lo pagan dos veces, precisamente con su dinero: en el colegio y en los impuestos destinados a los privilegiados que sí tienen gratuita la educación deseada. Los sindicatos han empleado frecuentemente esta fórmula, también algunos partidos políticos y medios de comunicación situados en su ola. Pues, con más motivo, se les podría decir a ellos: sí, pero no con mi dinero. La escuela concertada ahorra dinero al erario público; ellos, no.

      Nuestra Constitución garantiza la gratuidad de ciertos niveles de enseñanza y la capacidad de los padres para elegir con libertad. Diré de pasada que las famosas zonificaciones ya han reducido notablemente la libertad. Traban a la libertad. Como la entorpece esta ley que da pie a la mentada sentencia que, por cierto, también contiene otra deriva terrible: el Estado por encima de los padres. Parece, más bien, que lo que se da de bofetadas con la Constitución es una ley de quitar libertades protegidas por ésta.

      Hay que andar con tiento para que una moda, una imposición del pensamiento dominante, no nos trajine como le venga en gana, seamos progresivamente encorsetados, y nos demos cuenta cuando no tenga remedio. Por eso —y sin entrar yo en política, pero amando la libertad que nos sustraen—, me gusta que el titular de la Cartera de Educación haya afirmado enseguida que si esa ley no autoriza este tipo de respetable educación, habrá que cambiarla. Cuanto antes, porque no hay derecho —esto sí que sería un fraude— a que centenares o miles de familias se queden de pronto sin colegio y sin dinero. Todo por capricho, por ideología, tal vez por maltrato a la religión, por tiranía, que así se llama ese modo de proceder.

      Por lo que va dicho —aunque estemos en pleno verano—, son los padres y madres de familia quienes deben reaccionar con inmediatez. No sé si ahora los jueces se dedican a fallar en verano pues, ni hecho aposta, les sale mejor. Entonces, a pesar del estío, es preciso que las familias se muevan para que se corrija la ley y salga otra cuanto antes más respetuosa con nuestra libertad, con la Constitución, con la Declaración Universal de Derechos del Hombre y con alguna Convención Internacional que tenemos firmada justamente para respetar el tipo de educación agredida.

      Todo gobernante debe saber que sin libertad escolar, no hay libertad y que manipulada la escuela, manipulado el hombre. Necesitamos pensadores y gobernantes valientes que busquen el bien común para todos, en lugar de dedicarse a la pesca del voto cautivo en los caladeros de lo políticamente correcto, ordinariamente falaces. En esos caladeros no arreglamos ni la crisis económica, ni su causa: la crisis del hombre.

Pablo Cabellos Llorente

Las Provincias / Almudí 

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